La consulta popular organizada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los expresidentes fue un rotundo fracaso.
Esta, únicamente congregó al 7% del padrón electoral, por lo que los resultados están lejos de ser vinculantes legalmente, ya que la ley requiere el 40%
En todo el territorio nacional, se vieron casillas completamente vacías, y la nula participación fue el sello característico de la consulta.
López Obrador se dijo satisfecho por la encuesta, la cual tuvo un costo de 500 millones de pesos, a la que ha definido como “realmente trascendente” por ser “el inicio formal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”
Además, culpo al INE por la baja participación, ya que a su decir, se organizó “sin entusiasmo”.
El INE respondió a estos alegatos y afirmó que se instalaron el 99% de las casillas planeadas y que se utilizó el mismo rigor que para la organización de unas elecciones.
En un comunicado, todos los consejeros del INE respaldaron el actuar de Lorenzo Córdova mediante un comunicado que dijo lo siguiente:
“Frente a quienes acusan al INE de omisión, desinterés, boicot a la consulta popular, el INE desplegó todas sus atribuciones constitucionales y legales, así como sus capacidades institucionales, a pesar de las limitaciones presupuestales”
Los consejeros puntualizaron que la fecha de la consulta popular no la puso el INE, ni tampoco redactó y aprobó la “pregunta confusa” ni mucho menos retrasó su promoción en los medios de comunicación. Aseveraron que esas fueron decisiones de los legisladores.
La consulta popular se llevó a cabo el domingo 1 de agosto y en la cual participaron 6.6 millones de personas.