El diputado federal y vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ha sido objeto de escrutinio público tras revelarse la adquisición de una residencia en Rancho Santa Fe, California, una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos.
Detalles de la propiedad
La residencia, ubicada en el 17423 de la calle Circa del Sur en San Diego, cuenta con una superficie construida de aproximadamente 544 metros cuadrados. Entre sus características destacan seis habitaciones, cinco baños y medio, sala de estar con chimenea, lavandería, área de bar, salón de juegos, garaje para tres autos y espacio adicional para estacionar otros seis vehículos. Además, posee una bodega con capacidad para almacenar 1,700 botellas, sala multimedia, sauna y amplias áreas verdes tanto al frente como en la parte trasera de la propiedad.
Contexto financiero y empresarial
Según una investigación de mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la adquisición de la propiedad se realizó en marzo de 2024 mediante una hipoteca de 1.9 millones de dólares. Este hecho coincidió con el bloqueo de cuentas bancarias de IBN Industrias Militares de Alta Tecnología Balística SA de CV, empresa encabezada por Ávila y su esposa, Clayna Scarlett Aiza Verboonen.
En su declaración patrimonial presentada ante la Cámara de Diputados, correspondiente al último trimestre de 2024, Ávila indicó deber un crédito hipotecario por 1.6 millones de pesos mexicanos, lo que sugiere que la hipoteca fue liquidada en un lapso aproximado de dos meses.
Respuesta del legislador
Tras la difusión de la investigación, Arturo Ávila confirmó la adquisición de la propiedad a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter). Aseguró que la compra se realizó dentro del marco legal y negó habitar la residencia, aclarando que los inmuebles que ha adquirido los remodela para luego venderlos. infobae
Implicaciones políticas
La revelación de esta adquisición ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso político de Morena y las acciones de sus representantes. Además, se ha señalado la coincidencia entre la compra de la propiedad y los problemas financieros de la empresa de Ávila, lo que ha intensificado el debate público sobre la transparencia y la ética en la función pública.
