Morena ha estado en contra de los fideicomisos federales por presuntamente generar corrupción, por lo que desde la Cámara de Diputados y de Senadores, los desaparecieron; sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, encabezado por Mario Delgado, se conformó un fideicomiso para comprar inmuebles.
El 28 de diciembre de 2020, tres días antes de que concluyera el ejercicio fiscal, Morena firmó el Fideicomiso de Administración e Inversión número F41117560 con BBVA, el cual señala un monto de 372 millones de pesos, creado para adquirir, renovar, reconstruir inmuebles para contratar arrendamientos operativos y financiamientos.
Sin embargo, este fideicomiso se nutrió de las transferencias de los Comités Estatales de Morena; es decir, desde los organismos locales enviaron al CEN 372.1 millones de pesos, pero esto no está permitido por el Reglamento de Fiscalización que señalan que los envíos pueden ser por tres razones: pago de proveedores, de prestadores de servicios y de impuestos.
Además de ello, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador propició transferencias adicionales de sus consejos estales al CEN por 866.9 millones de pesos, sin que el partido pudiera comprobar que estas se encontraban en alguno de los supuestos permitidos por la normatividad. En total, los envíos fueron por 1,238.9 millones de pesos.
Por ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena con 300 millones de pesos por transferir recursos de sus Comités Estatales al CEN para comprar y reestructurar inmuebles y por propiciar envíos adicionales por 866.9 millones de pesos.
Asimismo, le piden a Morena que regrese el dinero a los estados, y que esto se puede hacer a través de los edificios adquiridos. El dinero se devolverá a fideicomisos estatales para la construcción de inmuebles en un plazo de no más de 60 días.
“El CEN de Morena se apropió de recursos que surgieron del finamiento público local para fines que el partido no ha logrado comprobar ni justificar”, dijo el consejero Ciro Murayama y recordó que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los partidos deben reintegrar al erario los remanentes; es decir, los recursos que no hayan gastado en el año.
En sesión, comentó que el partido lo que pretendió fue evadir la obligación de reintegrar a los erarios públicos los recursos no ejercidos a nivel local, ya que, explicó, las acreditaciones locales contabilizaron las salidas de recursos al CEN como un egreso para que este no fuera considerados un remanente.
